El Poder Judicial se encuentra en el centro de un nuevo escándalo tras la denuncia de un robo sistemático de procesadores de computadoras, valorizados en aproximadamente 400 mil soles. Este incidente, revelado por el dominical Panorama, plantea serias interrogantes sobre la seguridad, la gestión de recursos y la transparencia dentro de la institución.

Cronología de los Hechos:

• Adquisición: Durante la gestión del expresidente Javier Arévalo, se adquirieron 347 computadoras de escritorio por un valor total de 1.3 millones de soles, con el objetivo de optimizar los procesos judiciales.
• Almacenamiento: Los equipos llegaron a los almacenes del Poder Judicial el 16 de enero de 2024, permaneciendo allí durante once meses antes de su distribución. Inicialmente estuvieron en el depósito 401 y luego fueron trasladadas al almacén 302 del mismo edificio.
• Descubrimiento del Robo: A finales de noviembre de 2024, al intentar poner en funcionamiento las computadoras en la Corte Superior de Justicia de Lima Este, se descubrió que más de 100 de ellas carecían de procesadores, la pieza fundamental para su funcionamiento.
• Modus Operandi: Según las investigaciones preliminares, el robo se habría perpetrado de forma sistemática y gradual durante los once meses que las computadoras estuvieron almacenadas. Los delincuentes habrían desarmado, sustraído los procesadores y vuelto a ensamblar los equipos, sin levantar sospechas durante un extenso periodo.
• Ubicación del Robo: El robo se produjo en la sede principal del Poder Judicial, ubicada en la avenida Carabaya, en pleno centro de Lima, un edificio que cuenta con seguridad privada y cámaras de vigilancia.

Implicaciones Legales y Sociales:

Este incidente no solo representa una pérdida económica significativa, sino que también genera una profunda preocupación por las siguientes razones:

• Falla en los Protocolos de Seguridad: El robo, ocurrido en un edificio con medidas de seguridad, revela una grave deficiencia en los protocolos de vigilancia y control de acceso. La jefa del Gabinete del Poder Judicial, Susana Silva, ha expresado su desconcierto ante la falta de registros de los robos en las cámaras de seguridad, sugiriendo una posible manipulación.
• Gestión de Recursos Públicos: La adquisición de equipos que permanecieron inutilizados durante casi un año y que posteriormente fueron objeto de robo, plantea serias dudas sobre la eficiencia en la gestión de los recursos públicos destinados al Poder Judicial.
• Impacto en la Administración de Justicia: La falta de equipos operativos afecta directamente la capacidad del Poder Judicial para brindar un servicio eficiente a la ciudadanía, especialmente en cortes con alta congestión de expedientes como la de Lima Este.
• Posible comisión de Delitos: El robo de los procesadores podría configurar diversos delitos, como hurto agravado, asociación ilícita para delinquir y, potencialmente, otros relacionados con la manipulación de sistemas de seguridad.

Perspectiva Legal:

Desde nuestra firma de abogados, consideramos crucial que se realice una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y establecer las responsabilidades legales correspondientes. Es fundamental determinar si existió negligencia, complicidad interna o fallas en los controles internos del Poder Judicial.

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