LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL PROCESO PENAL POR VIOLENCIA FAMILIAR

Comunica Estudio Loaiza

julio 19, 2024

La violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar fueron considerados asuntos propios de una esfera privada de las personas involucradas, por lo que su solución se encontraba supeditada a la competencia exclusiva de las mismas y donde la participación del estado era limitada en razón de que su participación o la solución de dichos conflictos se ceñía a regular y reconocer las formas de solución que optaban las partes involucradas en dicho conflicto.

Consideramos que esta forma privatista de la violencia se debe al sistema patriarcal imperante en la mayoría de las sociedades en razón de que ella propugna la división sexual binaria, así como la presencia de un conjunto de acciones y relaciones estructuradas con base en la subordinación que tienen las mujeres frente al poder de los hombres, en tanto ellas son percibidas como desiguales e incluso inferiores a los hombres; esta división que se le ha realizado ha traído como consecuencia una determinada asignación de roles actividades y relaciones específicas que tienen un carácter finalmente negativo para ambos géneros lo que se traduce en los estereotipos.

Sin embargo, en la actualidad este enfoque privatista de la violencia ya ha sido superado aunque con algunas carencias, esto debido a la corriente neoconstitucional que es propio de los países democráticos, es por ello que hoy por hoy la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar ha pasado a ser considerado un asunto de interés público en la medida en que se considera en estricto un tema de violación de derechos humanos, ya que la presencia de violencia en nuestra sociedad implica la afectación de los derechos fundamentales de las víctimas tales como: la dignidad, la vida, la integridad física y psicológica de la persona el honor, la reputación, la intimidad personal, el derecho a no sufrir tratos crueles e inhumanos, el derecho a la convivencia pacífica, a vivir sin violencia y otros derechos fundamentales que toda persona los tiene.

En estos últimos años en el Perú se ha desarrollado una creciente interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno que rige nuestro país por ello es que se complementan ambos sistemas y forman parte de un derecho interno; esto nos explica por qué los estándares internacionales de derechos humanos son de obligatorio cumplimiento para aquellos países en los que están suscritos; el estándar internacional en el Perú es nuestra propia constitución, en ese sentido las disposiciones al momento de emitir una decisión vinculada a temas de derechos humanos se tiene lo manifestado por la comisión interamericana de derechos humanos que indican que la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos requiere no solo que las víctimas de violaciones a derechos humanos tengan un pleno acceso a los mecanismos de defensa y protección de los que disponen la corte interamericana de derechos humanos y la corte interamericana sino de la incorporación y la debida aplicación de los estándares interamericanos por parte de las autoridades internas; en ese sentido deben concretar la obligación de velar por los derechos humanos a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales

Siendo así todas las personas tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia, la cual inicia por reconocer que la violencia contra la mujer en su condición de tal y la violencia intrafamiliar sobre todo a las personas vulnerables que la conforman, es un problema estricto de derechos humanos esto implica que el estado está obligado a adoptar medidas necesarias para garantizar la vigencia prevención sanción y erradicación de la violencia propiamente por su parte; es también su deber garantizar el acceso a la justicia pues esta tiene un impacto en el daño al proyecto de vida de toda persona y en el ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad y sobre manera a la mujer.

En el marco del proceso de adecuación de la normativa interna de los estándares internacionales de derechos humanos se reconoce el derecho a una vida sin violencia razón por la cual se emitió la ley 30 364 bajo la denominación “ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, vigente desde noviembre del 2015, es ahí donde se introduce un tratamiento diferente tanto en su parte sustantiva como en la parte procesal constituyendo una principal herramienta con la cual los operadores de justicia tienen que hacer frente a la problemática de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar; esta norma refiere ser más tutelar que el mismo proceso de familia, que si bien tiene sus propias deficiencias, a lo largo de estos años se ha tratado de superar con las diferentes modificaciones; la finalidad de la nueva estructura de la norma es la de prevenir erradicar y sancionar todo tipo de violencia y con ello garantizar el derecho fundamental de una vida libre de violencia a las personas que son víctimas, sin embargo, para lograrlo la norma debe ofrecer mecanismos procesales que permiten de manera más concreta el acceso a la justicia y a los operadores de justicia que adopten medidas positivas y se atienda de manera urgente inmediata aquellos casos de violencia ofreciendo medidas de protección efectivas a las víctimas.

Un aspecto importante que deben tener en cuenta los operadores de justicia para determinar si estamos o no ante un acto de violencia es, que la causa de esta violencia se base en la desigualdad histórica y universal que ha situado en una posición de subordinación a las mujeres respecto de los hombres.

En suma, la violencia contra la mujer por su condición de tal, es un acto doloso realizado por el agresor que tiene como finalidad discriminar a la mujer en ese sentido este ámbito de protección pretende proteger a la mujer en su condición de tal, en todos los ámbitos de su desarrollo personal donde puede generarse actos de violencia y desigualdad; la razón de dicha protección es que la ley parte por reconocer que la violencia contra la mujer es un fenómeno que está relacionado con diversas causas tanto sociales, culturales, económicas, religiosas, étnicas, históricas y políticas que desmedra la dignidad humana.

La norma pretende garantizar que cese la violencia de manera que pueda quedar a salvaguardo la vida y la integridad físico y psicológica de las personas, así como sancionar a los responsables aunque a la vez en el tipo de violencia familiar se busca también la recomposición del grupo familiar en razón de que se parte del principio de unidad familiar mediante la derivación a tratamientos o otras estrategias que se adecuen a las diferentes circunstancias.

Teniendo en cuenta que la finalidad de la norma es prevenir sancionar y erradicar la todo tipo de violencia ha implementado tres mecanismos legales:

1.- El de carácter preventivo; a través del mismo se actúa con la debida diligencia, de manera que exista una intervención inmediata y oportuna ante presuntos actos de violencia otorgando una tutela urgente a través de la emisión de medidas de protección, cuya finalidad es minimizar los efectos de la violencia ejercida contra la víctima, las cuales se otorgan de manera razonable ya que pueden ser provisorias y preventivas.

2.- El de carácter sancionatorio; tiene eficacia de manera paralela al primero puesto que de determinarse que existe el delito y la comprobación de la responsabilidad del agresor se disponen las sanciones correspondientes así como una indemnización dentro de un proceso penal.

3.- El carácter de la erradicación de la violencia; aquí se busca ordinarizar el problema de la violencia para erradicarlo totalmente, es decir se vale de los diferentes procesos de familia tales como la tenencia, régimen de visitas, alimentos y otros para que puedan resolver y no vuelva a suceder ningún acto de violencia.

Si bien, contamos con esta normativa que en términos generales busca erradicar todo tipo de violencia, consideramos que no es suficiente con que el estado cuente con un marco jurídico sino que además debe operar dentro de un sistema eficiente. Es lamentable mencionar que aún cuando un juzgado de familia procede a dictar medidas de protección ello no soluciona el problema de violencia en su totalidad, es más un trabajo en conjunto con las diferentes instituciones de toda índole, ya que se evidencia deteriorados aspectos económicos, sociales y morales.

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